El estadio médico de Rafa no provino de un azar clínico; lejos de eso, es la proclamación de la incuria fiscal y de una sentencia que el tribunal no se atrevió a dictar, pero que el cuerpo de Villanueva ejecutó bajo la presión de una sordera institucional.

La justicia, por no amparar el derecho a un dictamen pronto, por estirar la resolución de incisos que son claros, se convirtió en un agente causal de degradación fisiológica.

El sistema reivindicó su soberanía no a través del veredicto, sino a través del desgaste; el proceso de Villanueva se volvió una pena de banquillo que colonizó el cuerpo del conductor hasta inhabilitar su propia persistencia vital.

Veo que la aporía funcional de la fiscalía refleja fielmente la biopolítica de la que habló Foucault: el Derecho ya no busca la verdad del acto, sino la gestión del cuerpo sufriente.

Villanueva, atrapado en una desconexión neuro-normativa donde el estímulo de la amenaza es constante y el horizonte de resolución inexistente, encarna aquel personaje de El Proceso (la novela de Kafka) donde la existencia del imputado es reducida a un trámite biológico, donde la incertidumbre se vuelve condena.

La tragedia de Villanueva esclarece que la justicia tardía no es solo justicia denegada, sino una forma de violencia técnica que precluye la dignidad humana al sustituir la seguridad jurídica por una vulnerabilidad sináptica insostenible.

Si el Derecho aspira (que lo dudo fuertemente) a ser un instrumento de ordenación y no una fuente de daño somático, debe reconocer que la indeterminación es la mayor de las injusticias, pues cuando el proceso se vuelve infinito, la vida se vuelve finita.

Y en ese intersticio donde el tribunal calla, el cuerpo (como es el caso) habla con la elocuencia terminal de la tragedia.

El órgano cerebral y el sistema inmunológico, marcados por la herencia de un miedo procesal incesante, confirman que el juicio es, efectivamente, la cárcel de la que Villanueva no pudo escapar, demostrando que la arquitectura del Derecho puede ser tan letal como la colisión física que le dio origen.

Lo decisivo no es ya aquel accidente del 9 de febrero pasado ni siquiera la imputación, sino el modo en que el proceso (su duración excesiva, su indeterminación, su avance sin horizonte) se transforma de facto en la condena misma.

No hay sentencia, pero hay castigo (y recae sobre quien las evidencias dicen que no lo merece); no hay cierre, pero hay desgaste.

El juicio, al no concluir, se vuelve un estado existencial: una forma de estar en el mundo bajo sospecha permanente, con la vida suspendida en una sala de espera que no conduce a ninguna puerta.

El sistema judicial, así concebido, no necesita declarar culpable para producir efectos punitivos; le basta con no decidir.

En ese régimen de incerteza, la norma deja de operar como garantía y se convierte en amenaza latente, una espada que no cae pero tampoco se retira.

La vida del imputado se reorganiza (se destruye, mejor dicho) en torno a esa espera indefinida: proyectos congelados, identidad erosionada, tiempo biográfico sustituido por tiempo procesal.

No se trata ya de responsabilidad penal, sino de una forma de exposición continua a la indeterminación, que rompe la continuidad vital y produce una fatiga moral profunda (que termina en un CTI), una de las formas de muerte que enfrentamos los humanos.

El Derecho (y me apena decirlo) no es un instrumento de ordenación sino una fuente adicional de daño. No por exceso de severidad, sino por indecisión; no por castigar demasiado, sino por no terminar de castigar ni de absolver.

En ese intersticio se producen muertes que no figuran en el expediente: vidas arruinadas, cuerpos que ceden, existencias que se apagan lentamente bajo el peso de una justicia que, al no decidir, sigue actuando.

Dr. Miguel Gallegos

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